Un informe presentado en una reciente jornada de trabajo ha puesto sobre la mesa los principales obstáculos que impiden movilizar vivienda disponible en el medio rural, así como una batería de propuestas para revertir la situación y favorecer la revitalización de los pueblos.
El documento alerta de una contradicción estructural: existen numerosas viviendas vacías que, sin embargo, no entran en el mercado. Según la presidenta de la Mancomunidad Alto Palancia, Jessica Miravete, “hay muchas viviendas vacías y, sin embargo, no se encuentran viviendas disponibles”, una situación agravada por la desinformación sobre el estado real del parque inmobiliario y la falta de herramientas públicas eficaces.
Entre los principales puntos de bloqueo, el informe destaca la información desactualizada sobre la disponibilidad de viviendas, la resistencia de los propietarios a declarar inmuebles vacíos o de uso temporal, la escasez de políticas públicas específicas para el entorno rural y una burocracia administrativa lenta y compleja. A ello se suma la falta de vivienda pública, la resistencia al cambio en parte de la población rural y la pérdida de valores comunitarios en la gestión del acceso a la vivienda.
El análisis también identifica causas estructurales como la consideración de la vivienda como activo de consumo o especulación, el escaso relevo generacional, la despoblación ligada al aumento de segundas residencias y la limitada capacidad técnica de muchos ayuntamientos para impulsar políticas activas de vivienda.
Durante la jornada, diferentes representantes del sector coincidieron en la necesidad de un cambio de enfoque. El presidente de FECOVI, Francisco Pérez-Caballero, defendió que “la solución pasa por una colaboración público-privada, con el fin de evitar la especulación”, mientras que desde los grupos de desarrollo rural se subrayó que la recuperación de los pueblos pasa por reactivar el parque de vivienda existente y no por fomentar nueva edificación. “La reactivación de las viviendas es el corazón de la revitalización de los pueblos”, afirmó María Sánchez, del CDR Palancia-Mijares.
El informe propone líneas de actuación a largo plazo, como el impulso de fórmulas de vivienda colaborativa, vivienda pública en cesión de uso, incentivos a la rehabilitación y al alquiler, así como campañas de sensibilización dirigidas a propietarios para generar confianza y reducir prejuicios. También reclama una mayor implicación de las administraciones, con legislación antiespeculación, garantías frente a impagos, adaptación normativa al entorno rural y fiscalidad específica para viviendas en desuso.
“El futuro de los pueblos no puede depender únicamente de la buena voluntad de los propietarios; necesitamos vivienda pública disponible”, concluyó Daniel Castillejo, del CDR Alt Maestrat, sintetizando una de las ideas clave del informe, que plantea la vivienda como una pieza central para frenar la despoblación y garantizar la habitabilidad permanente del territorio rural.
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